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08.01.2018 | Argentina | Salas

Argentina: El Gobierno planea profundizar los cambios en el sector

En la conformación del partido gobernante Cambiemos en 2015, Elisa Carrió, jefa de la Coalición, hizo un pacto con el presidente Mauricio Macri en torno al descontrolado negocio del gaming en Argentina. Las metas eran reducir la actividad del juego en todo el país, y desbaratar el sistema que hace que los mismos concesionarios de la actividad manejen los mecanismos de control.

Ésa es la línea que también manejará María Eugenia Vidal, gobernadora de la poderosa provincia de Buenos Aires, durante 2018. El envión para achicar el juego en Buenos Aires tiene dos carriles. Uno es licitar de nuevo las concesiones para separar la actividad de quienes la controlan. Hoy, una de las empresas que tiene concesiones de juego, Bolt, maneja además los mecanismos para el tráfico de datos sobre los cuales se ejerce el control del Estado. Esto genera una diferencia en el canon que pagan otros concesionarios, que se encarece porque ellos sólo se dedican al juego y no a la informática lúdica. Las máquinas de esa compañía pagan al Estado el 30% de las ganancias de canon y no están obligadas a tener un empleado por máquina. El resto de las empresas, que sólo tienen juego, paga el 50% de esas ganancias. Vidal confió la política de juego en un funcionario que viene de la Ciudad de Buenos. Se trata de Matías Lanusse, un experto en ambientes regulados, como el juego.

El segundo flanco de acción es el que más les va a costar a Vidal, y a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: quitarle el subsidio a la actividad del turf. La Lotería de Buenos Aires aporta con ese subsidio a los hipódromos de La Plata y San Isidro. En la Capital, el 5% del net win va al pago de premios a los que participan de las carreras, studs y haras. El proyecto de la Capital y de Buenos Aires es reducir o eliminar ese subsidio, algo que la actividad hípica ve con terror, y hace lobby hace años para impedirlo. Los hipódromos reciben en la Argentina cerca de $1.000 millones de subsidios, para un padrón de 11.700 caballos pura sangre. El estudio que maneja el gobierno de Vidal compara la situación con Gran Bretaña. En ese país, hay 10.773 caballos. A la vez, en la Argentina, se apuesta por $3.680 millones. En Inglaterra, por $345.000 millones al año. Acá se destinan $1.150 millones a premios, y allá, $2.806 millones.

En una de las últimas sesiones del año, la Legislatura de Buenos Aires adhirió a la Ley de Acceso a la Información, que obliga a poner en sus páginas web los datos del negocio del juego en tiempo real, para que el público pueda ejercer control, a los “concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta”. La intención del Gobierno es extender esta obligación a otras provincias. También quiere comprometerlas en la formación de un Consejo Interjurisdiccional que se ocupe de temas del juego bajo el título de “Lotería Federal”. El juego es competencia de las provincias, y el proyecto busca interesarlas en el ejercicio de buenas prácticas para reducir la actividad en todo el país. Una de las herramientas es extender a ese consejo nacional el registro de autoexcluidos, que incorpora de manera voluntaria a los ludópatas que aceptan se les prohíba entrar a los casinos. Otro proyecto es sacar al juego de los ministerios de Desarrollo Social, que es donde se reparten las rentas dedicadas a los pobres, y pasarlo a los ministerios de Hacienda y Finanzas, para que tengan un régimen fiscal riguroso. No será nada fácil que los gobernadores acepten pacíficamente este avance. De todas formas, son proyectos en carpeta y el Gobierno tendrá que negociar y hacer concesiones para avanzar con sus planes sobre el juego.

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