Salas 25.07.2017 > México

Codere y la UNAM desarrollan estudio sobre el juego mexicano

El libro, titulado 'Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas', profundiza sobre la historia y actualidad del gaming en México y compara la regulación de ese territorio con las de otros países.

La Fundación Codere, organización sin fines de lucro que desde hace una década sirve como espacio de debate e investigación sobre el sector del juego, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron el primer estudio en profundidad sobre el sector del juego mexicano, en el que se realiza un análisis detallado en dos volúmenes, tanto del aspecto normativo como del ámbito tributario en el que se enmarca esta actividad.
 
El trabajo, titulado 'Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas', fue presentado ayer en el Jockey Club del Hipódromo Las Américas de la Ciudad de México. Del evento participaron los autores de la publicación, Gabriela Ríos Granados y Ezequiel González Matus, investigadora y socio director de la Plataforma Legal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, respectivamente. También estuvieron José Ignacio Cases Méndez, vicepresidente de la Fundación Codere; Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mauricio González Gómez, presidente ejecutivo del Grupo de Economistas y Asociados; Carlos Zamudio Jiménez, director de Relaciones Institucionales de Codere México, así como representantes de la industria del juego.
 
El libro desarrolla su análisis normativo en torno a tres ejes: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 (durante 57 años, fue el único instrumento jurídico que reguló esta actividad), y su Reglamento de desarrollo de 2004. Además, el texto brinda recomendaciones al sector del juego regulado en México basadas en los datos que arrojan los estudios del Instituto Nacional de Estadística mexicano, y concluye en la necesidad de actualizar el marco normativo sobre el sector de juegos y sorteos de México, en el que sus autores observan la falta de una agenda definida sobre tributación.
 
“En México, la legislación aplicada data de 1947, con una reforma en 2014. Es evidente que ha quedado obsoleta y no contempla los más recientes juegos, producto de los avances tecnológicos implantados en muchos países y con un marcado carácter trasnacional”, afirmó Cases Méndez, quien apuntó a que los estudios impulsados por la Fundación Codere han pretendido siempre analizar de modo imparcial y científico una concreta situación relacionada con el juego y reflexionar, de modo más general, sobre las conductas humanas frente a éste.
 
El estudio se articula en torno a dos aspectos temáticos, como son el marco normativo y el ámbito tributario, a los que se dedican sendos volúmenes. En el primero de ellos, a cargo de Ezequiel González, se analiza la regulación administrativa sobre la actividad del juego en México, una actividad que los autores califican de “cambiante y en crecimiento”, en la que se multiplican las formas y mecanismos de participación, como el ámbito online, que cuenta con su propio apartado en la obra.
 
Por otro lado, el segundo volumen, redactado por Gabriela Ríos, se centra en el ámbito tributario de un sector que, entre 2003 y 2014, representó el 0,14% del PIB mexicano, con un valor absoluto en el último año de 21.169 millones de pesos (unos 1.045 millones de euros) en su actividad regulada. 
 
Entre otras cuestiones, el libro aborda el marco jurídico en prevención del blanqueo de capitales desarrollado para el juego, una actividad por la que, a nivel federal, se recaudaron en 2015 unos 2.189 millones de pesos (108,7 millones de euros) a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava la organización y celebración de juegos y sorteos, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
 
Asimismo, la investigación considera la situación del sector en México desde la perspectiva del Derecho comparado, analizando las similitudes y diferencias entre la realidad mexicana y los casos de Gran Bretaña, Estados Unidos y España. En este sentido, los responsables de la publicación consideran una “referencia obligada” el caso español, por su “semejanza jurídica y cultural” con México.
 
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