Regulaciones 09.08.2017 > Argentina

UADEE traba a nivel judicial impuesto a apuestas

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, hizo lugar a una cautelar presentada por la Unión Argentina de Empresarios del Entretenimiento, entidad que reúne a unos 20 bingos, la mayor parte del Conurbano bonaerense, en Argentina.

La UADEE, que agrupa a bingos de la Provincia de Buenos Aires y de otras regiones de la Argentina, reclamó a la Justicia que suspenda la aplicación de la Ley 27.346, que dispuso la suba de hasta el 41,5% de la alícuota de Ganancias para las rentas derivadas de los juegos de azar y la creación del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas. Además, pidió la suspensión del decreto 179/2017 que fijó en 0,95% la alícuota de este último impuesto, que se cobra a cada una de las apuestas en máquinas electrónicas. Esa decisión del Poder Ejecutivo había generado enojo en el sector del juego, ya que el Congreso había fijado la alícuota en 0,75%, pero luego facultó al Gobierno a elevarla hasta en un 50%, por lo que finalmente se dispuso subirla hasta el 0,95%.

Esta suspensión se suma a la polémica en la provincia de Buenos Aires por la no aplicación de la ley que impuso el cobro de una entrada en los bingos para tributarle a la provincia y a los municipios. Por ahora, la norma está frenada en los municipios. La suspensión de ese impuesto por la cautelar del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico cuesta al Estado nacional unos US$400 mil por mes.

En la cautelar, UADEE sostuvo que el aumento de la alícuota de Ganancias "resulta confiscatorio" y también cuestionó la delegación del Legislativo al Ejecutivo respecto a la tasa del nuevo impuesto. Además, puso el foco en que se delega la posibilidad de dejar sin efecto el gravamen considerando el tipo de actividad y la zona geográfica. "Le estaría otorgando una amplia facultad sin establecer ningún límite preciso o pauta alguna", indicó el texto.

A la vez, UADEE señaló: "De los Informes contables, se desprendería que, de aplicar la referida alícuota (del Impuesto a las Ganancias), las empresas actoras tendrían una incidencia de casi el 60% en las ganancias de su balance, y es por ello que la modificación de la alícuota aparecería como confiscatoria, violando así el derecho constitucional de propiedad".

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