Salas 06.09.2016 > Argentina

Argentina: Policía Bonaerense acusada por juego ilegal

Tras la detención de Adrián Almaraz, llamado “el Rey del juego”, ahora se divulgó que le habría repartido sobres a la Policía para seguir operando.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, está acusada del supuesto cobro de coimas de jefes policiales para la cobertura del juego clandestino en el oeste del Conurbano, lo que determinó el hallazgo de 15 sobres con plata destinada a varias seccionales policiales de Morón. Los comisarios de esa jurisdicción departamental deberán declarar en Asuntos Internos y luego serían relevados de sus cargos. Esa red ilegal de apuestas en el Gran Buenos Aires maneja 500 millones de pesos anuales (US$33 millones). El responsable de las siete agencias no oficiales es Adrián Almaraz, quien reconoció el pago a la Policía del lugar para operar con un centenar de “pasadores” distribuidos en la región.

Almaraz y doce mujeres, encargadas de recibir el dinero recaudado, permanecieron detenidos varias horas. Fue después del allanamiento a una casa de la calle Sánchez 2898, en Castelar, la localidad donde vive la gobernadora María Eugenia Vidal. La propiedad disponía de puertas blindadas, rejas, cámaras de seguridad y hasta un perímetro electrificado. Por eso, intervino el Grupo de las Fuerzas Especiales Halcón. Allí se secuestraron 750 mil dólares, más de 10 mil euros y un cuarto de millón de pesos. Estaban en dos cajas fuertes pertenecientes a Almaraz.

En un local lindero había 17 computadoras con grabaciones digitales de las cámaras de seguridad exteriores, donde se registraban los “correos” (cobradores) que todos los días entregaban las sacas con la recaudación por una pequeña ventana en la puerta blindada. Todo el material fue puesto a disposición del Juzgado Correccional N° 5 de Morón. También, los sobres con estos destinatarios: Departamental de Morón, Morón 1°, Haedo, Merlo 1°, Ituzaingó 1°, Castelar Sur y División Narcotráfico.

“Lo de los sobres es algo que saben todos y pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires. Ellos (los agentes) venían a buscar la plata una vez por mes”, admitió Almaraz, quien comentó que “la quiniela clandestina existe desde hace cincuenta años” y que estaba “obligado” a entregar “los sobres para la Policía”.

El juego ilegal es una contravención. Nadie podría tener proceso penal por jugar un número a la quiniela clandestina. No obstante, en el caso de defraudación al Estado o pago de coima (cohecho), la situación podría ser más gravosa.

La Justicia investiga si Almaraz tiene familiares o testaferros en agencias oficiales de Lotería donde descarga jugadas de “alto riesgo” tomadas en la ilegal. ¿Cómo funciona? Las salas clandestinas tienen un programa de computación, una especie de algoritmo, que dispara un alerta cuando un número, que hace tiempo no sale, es jugado por una cantidad de gente poco habitual. En ese caso, inmediatamente, se desvía gran parte de esa jugada de riesgo a la Lotería oficial, que, de esta manera, se hace cargo de pagar los premios. La Provincia pierde entre 80 y 100 millones de pesos por el traspaso.

“El juego clandestino es muy fuerte. Los sobres secuestrados ya están siendo investigados. Con las declaraciones, nos vamos a enterar bien para quiénes eran y quiénes los retiraban. Los policías involucrados serán separados de la Fuerza”, explicó el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Ayer, Asuntos Internos examinaba las cámaras en la vivienda de Castelar para verificar la entrega de coimas a algún agente. Ritondo confirmó que los involucrados “tenían un arreglo con el gobierno anterior” de Daniel Scioli. Coincidió Almaraz con la presunción: “El poder político (provincial) nos dejaba actuar e intentó legalizarnos, pero los agencieros legales se opusieron”, dijo el dueño de la Lotería trucha. En la trama, está siempre la Policía provincial.

El jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra, ya tiene trabajo adicional con el secuestro de 36 sobres con 135.000 pesos en la Departamental La Plata, proveniente de cobertura policial por delitos varios. Y, además, por el desvío de 25 millones de pesos de horas Cores en la comisaría 1° de la capital bonaerense. Los efectivos investigados integran una lista de 1.700 oficiales y suboficiales desplazados desde diciembre de 2015.

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